Despreciable y ruin aquel que, preso de sus bajos instintos, vulnere la Vida o la Sexualidad de un menor de edad. Merece tal criminal, expiar sus propias culpas a través de una dura condena que equipare punitivamente, la gravedad e insensibilidad de su terrible delito.
Recientemente el Congreso de la República de Colombia, por mayorías en su plenaria, estableció “La Cadena Perpetua” como pena privativa de la libertad, para autores de los abominables delitos de “homicidio, violación, explotación sexual, secuestro o maltrato severo contra menores de 14 años”. Con especial y amplia difusión, la noticia ha corrido en primeras páginas de diarios y también en noticieros de radio y televisión.
Hasta ahora y desde el año de 1.991, cuando vio la luz jurídica la actual Constitución que nos rige como “Estado Social de Derecho”, fracasaron varios proyectos legislativos tendientes a levantar la prohibición de prisión perpetua en Colombia por delitos iguales o similares.
Cierto es, el loable y sentido esfuerzo de los promotores de esta Ley, quienes contra viento y marea – incluso contra los mismos principios constitucionales que nos rigen – vieron materializado al final, su esfuerzo inmenso con la promulgación de dicha Ley.
Sin embargo y muy a pesar de tan inconstitucional esfuerzo, pronto habrá sido todo en vano, una vez dicha Ley aterrice para “control de legalidad” en la “Corte Constitucional”. Es obvio que, ese intenso esfuerzo legislativo habiendo nacido viciado de ilegalidad, deba venirse abajo como lo hizo también la torre de Babel.
Fracasaron entonces los directos votantes del acto legislativo, quienes ensalzados de populismo y demagogia, supieron cocinar una decisión inconstitucional en tiempos de penosa dificultad general, abstrayendo una vez más un pueblo de su realidad jurídica que, en sus mayorías aborrece como yo, la acritud de tales delitos.
Colombia debe encaminar sus esfuerzos a una reforma constitucional general que, no solo permita alcanzar por vía de la legitimidad, tan necesarios y significativos cambios punitivos sobre tales conductas típicas y antijurídicas. También deberá incorporar otros sensibles cambios más que, redunden en beneficio de nuestras propias Gentes, a la vanguardia de sus actuales necesidades sociales, porque al final, la sociedad muta con el tiempo en costumbres y valores.
Vendrán sobre los Magistrados de la Corte Constitucional cuando caiga esta Ley, injustas afrentas e improperios de ese Pueblo engañado. Es la reacción consecuente de la obvia y acostumbrada ignorancia general con la que convivimos.
Lo racional nunca podrá reñir con lo emocional. Aquí el génesis del error garrafal de tal decisión. Nos han vendido humo, una vez más, nuestros Legisladores.
Germán Lamo T.